Al borde del vencimiento de la ley que regula el mercado de los biocombustibles, el jefe del bloque oficialista de diputados, Máximo Kirchner, impulsó una nueva ley que busca consolidar a las pymes del sector garantizándole cuota, precio y previsibilidad en el tiempo.

El nuevo texto prevé que el cien por ciento del corte mínimo obligatorio para la comercialización de combustibles en el país sea abastecido por las empresas pequeñas y medianas productoras de biodiesel y bioetanol por un plazo de seis años con la posibilidad que sea prorrogable por otros tres.

Como en mayo vence la reglamentación vigente, este proyecto trajo tranquilidad a las provincias productoras de biocombustibles que presionaron durante le período extraordinario para que diputados sancione la prórroga de la ley que tenía media sanción del Senado.

Ahora, el proyecto trajo alivio al sector que viene de pasar un año crítico, donde el consumo de combustibles cayó a niveles insólitos por la pandemia y con el precio de venta por abajo de los costos. Esto hizo que la mayoría de las empresas tuvieran que parar la producción y suspender trabajadores. La situación llegó al punto que el gobierno debió acelerar este nuevo proyecto debido a la presión de los gobernadores de las provincias productoras que veían amenazada una rama productiva de impacto en el empleo local.

En concreto, la nueva ley obliga a las grandes petroleras de proveerse con las pymes le volumen necesario para producir la mezcla mínima del 5% de biodiesel y el 7 de bioetanol que determina la ley a las empresas cuya producción anual no excedan las 50 mil toneladas de biodiesel o los 90 mil metros cúbicos de bioetanol de maíz.

Con ello, se persigue la diversificación de la matriz económica del país, el desarrollo de las economías regionales y la industrialización de la producción primaria como la soja, el maíz o mayor valor agregado a la producción de caña de azúcar. De hecho, se calcula que las pymes del sector emplea directamente 30 mil puestos e indirectamente a más de 100 mil.

En rigor, algunas de las grandes terminales agroexportadoras como Renova, que pertenece al concursado grupo Vicentín o Dreyfus, entre otras, desarrollaron modernas plantas productoras de biodiesel pero que se destina al mercado internacional.

A su vez, para garantizar que los biocombustibles destinados al mercado interno sean provistos por empresas pymes, la nueva ley impide que sean asociadas, subsidiarias, controladas o controlantes de un mismo grupo económico o coincidan los integrantes de sus directorios o sus acciones estén en manos de capitales extranjeros.

"La importancia de esta nueva ley de biocombustibles descansa en la posibilidad de potenciar inversiones, ampliar los beneficios sociales, ambientales, económicos y productivos y que sea una producción descentralizada que genera arraigo y soberanía territorial a su vez que requiere de puestos de trabajo con alta calificación", destacan los impulsores del nuevo proyecto.