proyecto de ley que garantiza el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes con
altas capacidades intelectuales.
La iniciativa, que lleva el nombre de "Ley Benjamín", fue elaborada en conjunto con
ONG dedicadas a la temática como "Mensa" y la familia del niño platense de siete años que
obtuvo un fallo del Juzgado de Garantías N° 1 del Departamento Judicial de La Plata para
continuar sus estudios. En 2020, con tan solo cinco años, Benjamin hizo primero y segundo
de manera virtual y aprobó los niveles con puntaje excelente. En 2021, mientras cursaba el
tercer grado, la Dirección de Escuelas bonaerense planteó que debía retroceder y volver a
segundo. Sus padres llevaron el caso a la justicia. La sentencia del juez Atencio favorable a
Benjamin fue ratificada por la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo.
El radical Claudio Frangul afirmó que: "el fallo judicial que le permitió a Benjamín
tener su proyecto pedagógico individual y promover a cuarto grado, cambió todo. Con este
reconocimiento explícito del Estado de las altas capacidades intelectuales (ACI), ahora
tenemos que ajustar la normativa para que la próxima familia que se enfrente a esta
situación no tenga que pelearla recurriendo a la justicia".
El platense Claudio Frangul sostuvo que: "en la actualidad los niños con ACI no son
contenidos por el sistema educativo. Cuando uno habla con las familias lo que tienen en
común es un gran sufrimiento en lo emocional. La incapacidad del sistema de reconocerlos
los lleva a sentirse frustrados. Nosotros decimos basta de nivelar para abajo. Por eso
impulsamos la creación de una dependencia específica en la Dirección General de Escuelas,
una ventanilla a la que las familias puedan recurrir para dejar de obligar a sus hijos a encajar
porque si; que asuma la responsabilidad de la detección temprana y se encargue de
realizar el proyecto pedagógico individual de acuerdo las potencialidades de cada caso".
El proyecto pedagógico individual ya es de uso habitual para la inclusión escolar de
los/as alumnos/as con discapacidad. Frangul explicó: "además de garantizar el derecho del
niño o niña a ser oído en el proceso, impulsamos la posibilidad de la promoción parcial de
uno o más cursos e incluso la promoción total al grado superior".
Las altas capacidades intelectuales implican una capacidad excepcional para razonar y
aprender en uno o más dominios como matemáticas o lenguaje. Aunque no hay estadísticas
definidas, se considera que al menos el 2% de la población tiene un coeficiente intelectual
superior a 130, son superdotados, y un 15% tiene altas capacidades. El diputado Frangul
agregó que: "es importante destacar que tener un niño o niña con altas capacidades
intelectuales no depende de la clase social, puede darse en cualquier contexto familiar".
El proyecto del diputado radical establece un marco regulatorio para la detección y
abordaje integral para niñas, niños y adolescentes de nivel inicial, primario y secundario con
altas capacidades intelectuales. Se impulsan programas de capacitación en altas capacidades
intelectuales tanto para los docentes activos, como para los espacios de formación docente.
El proyecto incluye sanciones en el caso de incumplimientos por parte de las escuelas y
legitima para accionar a los padres o representantes legales en instancia administrativa y
ante la justicia. También se estimula la creación de especializaciones de posgrado en la
temática en las universidades e institutos terciarios con asiento en la provincia. Las
provincias de Jujuy, Chaco y Catamarca ya reconocen por ley las altas capacidades
intelectuales y la necesidad de implementar proyectos pedagógicos individuales para
garantizar el derecho a la educación.
19 de abril de 2024 Saladillo - Buenos Aires - Argentina
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